Los servicios de tutela prestados por entidades sin afán de lucro y de iniciativa social son servicios sociales destinados a velar por la persona con discapacidad intelectual tutelada, con la finalidad de hacer todo lo necesario para el desarrollo integral y la mejor integración en la sociedad de la citada persona. Así mismo, representará a la persona tutelada y administrará sus bienes, de acuerdo con el encargo realizado por la autoridad judicial competente.
A continuación se citan los principales ámbitos de actuación, desarrollándose de manera esquemática los aspectos que han de ser tenidos en cuenta en cada uno de ellos, a título orientativo:
Apoyo personal continuado
- Diseño y puesta en práctica de planes personales de futuro para cada una de las personas tuteladas, llevando a cabo las tareas y actividades decididas en la reunión del equipo multidisciplinar.
- Reclutamiento, asignación, preparación y apoyo del delegado tutelar, entendiéndose como tal, un voluntario que, bajo el control y responsabilidad de la fundación, establece una relación personal, cálida y cercana, con la persona tutelada.
- Establecimiento de relaciones significativas entre el personal de la fundación y las personas tuteladas, para proporcionar apoyo y consejo y fortalecer su competencia personal y social.
- Búsqueda de la atención domiciliaria o servicio residencial adecuado, así como, del centro ocupacional, especial de empleo, de día, de ocio, etc. que, en cada caso, precise la persona tutelada según sus aspiraciones y necesidades.
- Acompañamiento a consultas médicas, compra de objetos para uso personal, etc. para apoyo y orientación de la persona tutelada.
- Tramitación de las pruebas médicas de valoración, diagnóstico, determinación de tratamiento y régimen de vida, llevando a cabo los tratamientos médicos-quirúrgicos precisos, previa la autorización judicial normativamente establecida
- Búsqueda de las colaboraciones precisas para la implantación de redes naturales de apoyo en la comunidad, concediendo, siempre que sea posible, especial protagonismo al delegado tutelar.
Asistencia para la administración de bienes
- Formación de inventario.
- Administración de rentas y patrimonios, con sus correspondientes gestiones.
- Control ordinario de ingresos y gastos, incluyendo el dinero de bolsillo de que pueda disponer la persona tutelada y formulación de la rendición anual de cuentas.
- Solicitud de prestaciones de todo tipo.
- Ejercicio de los derechos y deberes fiscales.
Asistencia jurídica
- Servicio de letrado para la defensa de los derechos de la persona tutelada (testamentaria, declaración de herederos, contratos, autorizaciones judiciales, etc.).
- Protección de la persona tutelada en los aspectos civl, penal, administrativo y social.
- Comparecencias ante los juzgados, etc.
- Protección de la persona tutelada en los aspectos civil, penal, administrativo y social.
- Comparecencias ante los juzgados, etc.
Otros apoyos y servicios
- Colaboración con las instancias judiciales y administrativas pertinentes.
- Tramitación de las pruebas médicas de valoración y diagnóstico, determinación de tratamiento y régimen de vida, llevando a cabo los tratamientos médicos-quirúrgicos precisos, previa la autorización judicial normativamente establecida.
- Contratación de una póliza para asegurar la responsabilidad civil de la persona tutelada.
Los objetivos de los servicios de tutela se podrían resumir en conseguir ser una buena familia para la persona tutelada. De todas formas, vamos a enumerar los principales objetivos en relación a la persona tutelada:
- Procurar su manutención y promover su salud, en el sentido más amplio posible.
- Procurarle educación y formación integral.
- Promover la máxima recuperación posible de sus capacidades, facilitando los soportes necesarios (tratamientos, asistencia a servicios educativos, ocupacionales, etc.)
- Administrarle los bienes con total lealtad y transparencia, evidentemente contrastada con los informes que se deben remitir anualmente al juzgado.
PERFIL DE DESTINATARIO:
Personas con discapacidad intelectual incapacitadas judicialmente.
También cabe la posibilidad de que la tutela de las personas con discapacidad intelectual la asuma una organizacion externa a la entidad como puede ser el caso de FUTUDIS
